Se han concedido ya 81 solicitudes de las 109 formuladas por los ayuntamientos
El diputado provincial de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, ha anunciado hoy que la Diputación de Alicante ya ha ejecutado el 86% del presupuesto de las ayudas a autónomos, pymes y profesionales, gestionadas a través de los ayuntamientos, para minimizar el impacto económico de la COVID-19 y ha acusado a Compromís de intentar engañar a la ciudadanía propagando sus propias “fake news”.
Cañadas ha recordado que las ayudas, con un importe global de 6 millones de euros, fueron aprobadas por todos los grupos políticos de la institución provincial, incluido Compromís, en el pleno del pasado mes de mayo.
Según ha detallado, a fecha de hoy han entrado por el registro de la Diputación un total de 109 solicitudes formuladas por los ayuntamientos, de las cuales se han concedido un total de 81, mientras que el resto -28- se encuentran en fase de estudio, subsanación y resolución.
Además, el crédito dispuesto hasta este momento es de 5.188.597 de euros, de los 6 millones previstos, lo que supone un 86,47% sobre el total presupuestado. Siete ayuntamientos han manifestado que no van a solicitar la ayuda, según ha explicado el diputado.
En este sentido, el responsable provincial ha llamado la atención sobre “la total falta de rigor” del portavoz de Compromís, Gerard Fullana, “quien está tratando de confundir a la ciudadanía propagando las ‘fake news’ que él mismo inventa”.
El diputado ha recordado que las ayudas van destinadas al mantenimiento de la actividad empresarial mediante la financiación de gastos estructurales y gastos de funcionamiento de la actividad, que han sido soportados pese a la carencia de ingresos por la persona física o jurídica beneficiaria. También van dirigidas al sostenimiento de la situación de alta en la actividad o bien a su reincorporación tras el levantamiento de las restricciones al ejercicio de la actividad impuestas por el Estado de Alarma.
Asimismo, ha manifestado que aunque existe la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 100% de la ayuda, aún no se ha solicitado ninguno, pues los ayuntamientos están en la fase de resolver sus convocatorias de concurrencia competitiva, procedimiento que conlleva una serie de actuaciones como son la aprobación de las bases de convocatoria, la publicación y apertura de plazos de solicitud, la instrucción del procedimiento y el acuerdo de concesión.
En cualquier caso y con independencia de la solicitud o no de anticipos, en el momento de la justificación de la ayuda por los ayuntamientos se procede al pago de los gastos debidamente justificados, ha aclarado Cañadas.
Al respecto, el diputado de Desarrollo Económico ha recomendado a Fullana “que se ponga a trabajar y se informe bien, porque después de más de cinco años como diputado de Compromís aún no se ha querido enterar del funcionamiento de la Diputación y de cómo se tramitan este tipo de ayudas”.
El equipo de gobierno presenta el documento a los portavoces de los grupos políticos para su estudio antes de su aprobación en el pleno de noviembre
La Diputación de Alicante tiene previsto aprobar en el próximo pleno ordinario en noviembre su primer reglamento orgánico, un texto que regula la organización y funcionamiento de la corporación provincial y que introduce como principales aspectos el fomento de la participación de los alcaldes y los ciudadanos en la política provincial, introduciendo figuras como la iniciativa popular y el ‘escaño 32’, y la celebración de un debate anual sobre el estado de la provincia.
El portavoz del gobierno de la Diputación, Adrián Ballester, y el diputado de Infraestructuras y portavoz del Grupo Ciudadanos –formación que junto al PP conforman el gobierno- Javier Gutiérrez, han presentado esta mañana en la Junta de Portavoces el borrador de esta nueva norma para su estudio y para recabar aportaciones antes de su aprobación, prevista para el pleno del próximo mes de noviembre.
El nuevo reglamento, que consta de diez títulos, dos disposiciones adicionales y una derogatoria, fija los aspectos sobre la organización y funcionamiento de los órganos de gobierno, así como el estatuto de los miembros de la corporación y el personal directivo.
“Con este documento, que dictamos en el ejercicio de la potestad de autoorganización de esta Diputación, estamos dando cumplimiento a los principios de seguridad jurídica y eficacia, al tiempo que nos adaptaos a las necesidades actuales, impuestas, en buena medida, por la incorporación de las nuevas tecnologías a la administración” ha explicado Ballester.
El portavoz de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras ha manifestado respecto al reglamento orgánico que se está redactando en colaboración con sus socios de Gobierno que «la intención es que todos los grupos participen de forma activa en la elaboración de este documento, que nace con vocación de convertirse en una herramienta que regule el funcionamiento de esta institución de la forma más eficaz y dé mayor protagonismo a los municipios y a los ciudadanos«.
El texto define, entre otros aspectos, los derechos y deberes de los diputados, el registro de intereses, los grupos políticos, el desarrollo y funcionamiento de los plenos, detallando, en este sentido, cuestiones como las clases de sesiones, la estructura, el límite de declaraciones o mociones, las comparecencias, el tiempo de intervención de los grupos políticos o las sesiones telemáticas. Las Comisiones Informativas, la Junta de Gobierno o la Junta de Portavoces son otras de los órganos regulados en este reglamento.
Debate del estado de la provincia
El primer reglamento orgánico de la Diputación de Alicante establece, además, la celebración una vez al año, salvo el que se celebren elecciones municipales, de un debate del estado de la provincia, “cuya función es fijar las necesidades y perspectivas de esta en el marco de las competencias de la institución”, ha detallado Ballester.
A dicha sesión se invitará a todos los alcaldes y se podrá celebrar en cualquier lugar de la provincia.
En el apartado dedicado al pleno destaca, principalmente, la propuesta en la que el presidente podrá conceder durante el pleno la palabra al público en asuntos en que estén directamente afectados, siempre que lo hubiesen solicitado con anterioridad al inicio de la sesión.
Además, finalizado el pleno “se pasará al escaño 32, consistente en poder intervenir hasta un máximo de tres alcaldes o alcaldesas para formular preguntas sobre asuntos de competencia de la Diputación”, según reza la nueva norma.
Asimismo, se regula la iniciativa popular y la consulta popular para encauzar la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas de la Diputación de Alicante. De esta forma, se abre a los vecinos de la provincia la posibilidad de presentar propuestas de acuerdos actuaciones o proyectos de reglamento en materias de competencia provincial. Estas iniciativas deberán ir suscritas al menos por cinco mil vecinos de la provincia.
Los grupos del equipo de gobierno – PP y Cs- presenta una moción en el pleno que no ha contado con el respaldo de los Grupos Socialista y Compromís
El pleno de la Diputacion de Alicante ha aprobado esta mañana una moción conjunta de los grupos que conforman el equipo de gobierno –PP y Cs- en la que se insta al Gobierno central a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de vivienda.
El diputado de Carreteras, Alejandro Morant, quien ha sido el encargado de defender este acuerdo, que ha contado con el voto en contra del grupo Compromís y la abstención del Grupo Socialista, ha puesto de manifiesto que “lo que se esconde detrás de estas ocupaciones ilegales es, en la mayoría de los casos, mafias y redes de negocios ilegales muy lucrativos” y ha advertido de la situación de degradación que la ocupación ilegal de viviendas provoca en muchos barrios y calles de los municipios. “Hay barrios enteros muriendo por esta lacra”, ha apuntado.
El responsable provincial ha defendido la necesidad de que las administraciones competentes, especialmente la autonómica, genere parques de viviendas públicas para los ciudadanos y familias que se encuentran en situación de emergencia o exclusión social y ha defendido las modificaciones legales y las medidas incluidas en las proposiciones de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
Por su parte, los grupos de la oposición han indicado, para justificar su rechazo a la propuesta, que “ya hay mecanismos legislativos para combatir la ocupación ilegal y lo que falta son recursos en los juzgados”, ha defendido el portavoz de la formación nacionalista, Gerard Fullana, mientras que por el del grupo socialista, Toni Francés ha focalizado el problema en los bancos y fondos buitres “que en muchos casos no denuncian la ocupación ilegal de sus viviendas y, por tanto, no se puede iniciar el trámite de desalojo de oficio”.
El pleno celebrado esta mañana, de forma telemática, también ha sido espacio para mostrar el rechazo de la Diputación a la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar de declarar la sobreexplotación de acuíferos del Alto Vinalopó a través de una moción conjunta suscrita por los grupos PP, PSOE y Cs, que ha contado con la abstención de Compromís.
La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha vuelto a recordar que se trata de una decisión “unilateral” y que supone un “agravio comparativo” para los usuarios de la provincia de Alicante “sin que previamente se haya garantizado el suministro de agua para los afectados por esta decisión”.
“La falta de previsión y la toma de acuerdos equivocados por parte de distintas administraciones, como la derogación del trasvase del Ebro o el cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó, nos ha llevado a esto”, ha lamentado la diputada, quien ha alertado de que “la provincia de Alicante lleva recibiendo amenazas por parte del Gobierno central desde hace un año en materia hídrica”. En este sentido, ha puesto como ejemplos el rechazo de las Confederaciones del Júcar y del Segura de formar parte de la Comisión Provincial del Agua, el contenido del Esquema de Temas Importantes del Tajo-Segura con propuestas para reducir la cantidad trasvasable o la petición del Ministerio de Transición Ecológica para cambiar las reglas de explotación de esta cuenca. “El problema de este país no es la falta de agua sino la mala gestión”, ha alertado.
El texto aprobado, que ha incorporado aportaciones de todos los grupos políticos en aras al consenso, insta al Gobierno de España y a la CHJ la exención de los costes de amortización del trasvase Júcar-Vinalopó para los usuarios, solicita la aprobación de un decreto en el que se articulen ayudas para los afectados y reclama que las medidas a adoptar se desarrollen con el acuerdo de las comunidades de usuarios representativas de esas masas de agua que han de constituirse.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez ha manifestado su satisfacción “por la voluntad de acuerdo para defender los pactos alcanzados en la Mesa Provincial del Agua para el uso de los acuíferos mientras no haya otra alternativa para garantizar el suministro a todos usuarios y actividades económicas de la provincia”. Ha incidido en que es una opción necesaria “en ausencia de un pacto nacional por la mala gestión del Gobierno, que no plantea alternativas y mira hacia otro lado”. La solución es, a su juicio, “ir de la mano. Si somos incapaces de llegar a acuerdos en el propio territorio valenciano perderíamos la legitimidad para poder negociar con otras autonomías”, ha advertido.
Durante la sesión se ha aprobado, asimismo, una moción del Grupo Popular en la que se exige a la Conselleria de Sanitad a que de forma urgente posibilite la apertura y puesta en funcionamiento del Edificio de Rehabilitación Psicosocial del Centro Doctor Esquerdo como Hospital de Salud Mental y tratamiento de toxicomanías y con la oferta asistencial solicitada.
Tal y como ha señalado el diputado responsable del área, Juan Bautista Roselló, el centro “cumple todos los requisitos que eran exigibles, técnica y legalmente” por lo que la decisión de la Generalitat del pasado mes de septiembre de denegar su apertura “está totalmente infundada”.
“La postura de la Conselleria condena al edificio a no poder destinarse al uso previsto y a los usuarios y pacientes necesitados de estas instalaciones a no poder usarlas, con la indignación de haber visto como la Conselleria las ha utilizado, sin ningún problema, dos meses antes”, en este caso para descongestionar diferentes hospitales de la provincia para atender pacientes ingresados por Covid19, tal y como ha puesto de manifiesto Roselló.
El responsable provincial, quien ha reiterado “que no tiene sentido que el expediente para la apertura del centro esté sobre la mesa de la Conselleria durante tres años sin resolverse”, ha recordado, asimismo, que la Diputación de Alicante financia los servicios de salud mental, con un coste aproximada de 12 millones de euros anuales a pesar de tratarse de una competencia impropia que corresponde a la Generalitat.
Gutiérrez, por Ciudadanos, ha mostrado su respaldo a la moción y ha reclamado “que se permita que los usuarios de Doctor Esquerdo hagan uso de unas instalaciones de vanguardia, que permanecen bloqueadas ya tres años”. Ha criticado, además, “que a otras formaciones se les llena la boca con el Fondo de Cooperación y se olvidan de pedir que el Consell asuma las competencias impropias”.
Por su parte, tanto Compromís como el PSOE han rechazado el texto al entender que el retraso responde a “cuestiones técnicas” y acusar al equipo de gobierno de hacer uso de este tema para “atacar políticamente al Gobierno valenciano”, ha indicado la diputada socialista Eva Delgado.
En otro punto del orden del día se ha aprobado, en este caso por unanimidad y a instancias del Grupo Compromís, un acuerdo para defender el uso de los recursos municipales, reclamando al Gobierno de España la aprobación inmediata del decreto que permite a los ayuntamientos hacer uso de los remanentes de tesorería y la suspensión de la regla del gasto.
Por otra parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha defendido la gestión y el proyecto cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert en respuesta a la moción presentada por el diputado de Compromís, Gerard Fullana, a quien ha invitado “a conocer una propuesta gestionada con total transparencia. Todos los pasos que se han dado son públicos, incluido el nombramiento del equipo que acompañará durante esta legislatura a la dirección, que se ha hecho conforme a lo establecido en los estatutos y en consenso con la responsable de conducir una de nuestras instituciones culturales más emblemáticas y prestigiosas”. La vicepresidenta ha pedido “un voto de confianza a favor del nuevo equipo directivo que acaba de arrancar con muchas ganas” y ha defendido además la autonomía cultural de la institución y su buen funcionamiento. “Esto no es Divalterra”, ha apostillado.
Finalmente, y ante la moción del Grupo Socialista de constituir un Foro de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, los grupos de gobierno han presentado una enmienda a la totalidad contra este acuerdo al considerar que el futuro Reglamento Orgánico de la Diputación, que esta misma mañana ha sido entregado en la Junta de Portavoces a la oposición para su estudio y debate, ya contempla la participación de los ayuntamientos en la política provincial a través de iniciativas como el ‘Escaño 32”, que permitirá la intervención de hasta tres alcaldes en los plenos provinciales.
Tras pedir al portavoz socialista que dejará el punto encima de la mesa, petición que ha sido rechazada por Francés, el portavoz de Gobierno, Adrián Ballester, ha trasladado el compromiso de la institución con “la participación activa de los alcaldes”, quienes además de los plenos, tendrán la oportunidad de asistir al debate sobre el Estado de la provincia, tal y como se recoge en el borrador del nuevo reglamento.
“Incluso podríamos incluir ese foro que el Grupo Socialista propone en el futuro reglamento que está previsto aprobar en noviembre porque nuestra voluntad de diálogo es absoluta”, ha indicado Ballester, quien ha incidido, asimismo, en que la nueva norma también fomenta la participación ciudadana en la gestión provincial a través de figuras como la iniciativa popular.
Los grupos del equipo de gobierno – PP y Cs – analizarán los detalles del texto para evaluar su impacto en el presupuesto y las competencias de la institución provincial
La Diputación de Alicante estudiará el anteproyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal que ha aprobado hoy el pleno del Consell para evaluar los efectos que esta norma podría tener en el presupuesto de la institución provincial y en su autonomía y competencias.
Los dos grupos que conforman el equipo de gobierno –PP y Cs- han mostrado su intención de analizar con detalle los aspectos de este texto con el que el Gobierno valenciano pretende obligar por ley a las diputaciones a financiar este programa.
La Diputación de Alicante viene impulsando desde hace años un fondo de cooperación municipal propio, dotado con 14 millones de euros, del que se benefician todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante y en el que se fijan unos criterios de reparto que busca favorecer a los municipios más pequeños de la provincia y que más lo necesitan.
Además, tal y como ha destacado el portavoz de gobierno, Adrián Ballester, “la institución provincial es en sí misma un fondo de cooperación y apoyo a los ayuntamientos a través de los múltiples y distintos programas que ponemos en marcha y que tienen como principales beneficiarios a los ayuntamientos”.
En este sentido, ha recordado que solo en 2020, las partidas económicas destinadas a la colaboración con los municipios de la provincia para garantizar la prestación de servicios básicos y de calidad ascienden el próximo año a 89,2 millones de euros.
El diputado de Infraestructuras y portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, ha manifestado que “es una gran decepción que se haya impuesto un anteproyecto de ley sin abrir un debate previo pese a que incluso la Diputación de Valencia está de acuerdo en que los criterios de reparto deben revisarse porque, tal como están, perjudican a los pueblos más pequeños”.
Gutiérrez ha defendido la necesidad de “abordar el modo en que se financia dicho fondo. Desde el equipo de Gobierno planteamos que deben ser más flexibles, abriendo otras vías de financiación, en consonancia con lo que establece la Constitución y de acuerdo con la lógica competencial de las diputaciones”.
Finalmente, ha insistido en abrir una mesa de negociación para hablar de las competencias impropias que se están financiando desde la institución provincial y del déficit cultural.
La corporación apuesta por el diálogo y el consenso ante la crisis sanitaria, económica y social
La Diputación de Alicante creará un espacio de trabajo en el que participarán todos los grupos políticos de la institución de cara a la elaboración de los presupuestos de 2021 con el objetivo de impulsar inversiones y políticas consensuadas destinadas a hacer frente a los retos planteados por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la Covid19. La propuesta, impulsada por el Grupo Socialista, ha contado con el respaldo de las formaciones que conforman el equipo de Gobierno –PP y Cs- y del Grupo Compromís.
Tal y como se ha recordado en la sesión plenaria, a lo largo de los últimos meses ya se han aprobado, en su mayoría por unanimidad, catorce modificaciones presupuestarias por valor de 33 millones de euros con el proposito de conciliar el presupuesto de la Diputación con las exigencias impuestas por la pandemia.
“Esto habla bien de la capacidad que los diferentes grupos políticos hemos demostrado para situar los intereses de la provincia, sus municipios y sus diferentes sectores, por encima de los partidistas”, ha destacado el portavoz socialista, Toni Francés, quien ha insistido en que la realidad de la pandemia “nos obliga a trabajar con una nueva mirada los presupuestos de 2021, que tendrán que ser, posiblemente, los más empáticos de su historia” y a “abrir un espacio de diálogo y reflexión de todos los grupos políticos para situar sobre el papel, de manera consensuada, las prioridades”.
En este mismo sentido, el diputado de Economía y portavoz adjunto del Grupo Popular, Eduardo Dolón, ha señalado que “los ciudadanos nos piden que demos ejemplo en esta dirección” y ha recordado que a lo largo de esta legislatura el equipo de Gobierno “ha mostrado su predisposición a buscar espacios de diálogo y consenso con la oposición. Esa búsqueda la hemos cultivado, abonado y regado y los frutos están ahí, como demuestra la aprobación por unanimidad de 6 millones de euros para gasto social para los ayuntamientos y los otros seis para pymes y autónomos ante la crisis del coronavirus”.
En este punto, el diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha respaldado la propuesta y se ha comprometido “a empezar a trabajar de inmediato con el resto de grupos para elaborar unos presupuestos a la altura del momento, que no dejen atrás a ningún municipio, a ningún colectivo y a ningún ciudadano”, mientras que el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha indicado que “es lógico que se establezca un diálogo entre todos los grupos para la elaboración del presupuesto”.
Por otra parte, el equipo de Gobierno provincial ha responsabilizado al Gobierno Central de la infrafinanciación de la Diputación de Alicante al impedirle utilizar sus propios recursos para hacer frente a sus compromisos con los municipios ante las críticas del portavoz de Compromís en este sentido.
“La Diputación de Alicante está sufriendo un bloqueo por parte del Gobierno que, por un lado, no nos permite gastar nuestros ahorros y, por otro, no aprueba las ayudas de la DANA e imposibilita, por tanto, que nosotros podamos aprobar las nuestras para complementarlas”, ha indicado el presidente de la institución, Carlos Mazón.
El portavoz de Cs también ha defendido la gestión de la Diputación durante esta legislatura, que ha calificado de “diligente, eficaz, rápida y dialogada a pesar de los palos en las ruedas recibidos al impedirnos la gestión de recursos propios”, por lo que ha pedido a Compromís que “reivindique ante el Gobierno de Sánchez que permita que esta institución y todos los ayuntamientos puedan utilizar sus fondos. Solo el Gobierno de España es responsable”.
Esta misma opinión ha expresado el diputado popular Juan de Dios Navarro, quien ha acusado a Fullana de “fallar el tiro” y le ha pedido que “reclame a la Generalitat que asuma las competencias impropias y al Ejecutivo Central que no incaute nuestros ahorros”.
Medidas frente al Covid19
El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado, asimismo, una moción conjunta del Grupo Popular y Ciudadanos en la que se insta a la Generalitat a realizar y financiar las pruebas de detección del Covid-19 de forma masiva entre la comunidad educativa con motivo del inicio del curso y que las mismas se realicen de forma continua y periódica para evitar focos de contagio.
Dolón ha reclamado el apoyo de toda la corporación a una medida que, ha indicado, “se ha adoptado en otras comunidades autónomas porque da seguridad a las familias y contribuye a que nuestros alumnos vayan a los centros con garantías”.
En esta misma línea, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha reclamado la unidad política para implementar los protocolos de detección inmediata de contagios en centros escolares mediante pruebas aleatorias y continuadas. “Solo así se podrá actuar lo antes posible y hacer los centros escolares estancos al virus. Los ciudadanos nos están pidiendo que trabajemos todos a una para tener colegios seguros”, ha señalado.
También a instancias de los grupos Popular y Ciudadanos, se ha solicitado al Consell a que incorpore una enfermera o enfermero escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos “y que se garantice la existencia de material de protección diario para docentes, personal no docente y alumnado”, ha defendido el diputado del Hogar Provincial, Juan Francisco Pérez Llorca. “Es una demanda social respaldada por la comunidad científica”, ha recordado el responsable provincial.
“Ni el Ministerio ni las consellerias pueden cargar al personal docente con la responsabilidad de establecer medidas de prevención ante posibles casos de Covid-19. Esa es labor corresponde atender a personal especializado”, ha advertido, por su parte, la vicepresidenta primera.
Ambas propuestas han salido adelante con el apoyo de los grupos del equipo de gobierno y el voto en contra del PSOE y Compromís.
Otros asuntos
Finalmente, el pleno ha aprobado el expediente para la contratación de las obras y servicios de mantenimiento y conservación de la Red Viaria Provincial para las anualidades 2020 y 2021, al que la Diputación de Alicante destinará 4.800.000 euros.
Asimismo, el pleno ha rechazado una moción conjunta de los Grupos Socialista y Compromís de reprobación del diputado provincial Alejandro Morant por unas declaraciones efectuadas en Facebook. La propuesta no ha salido adelante. El portavoz del equipo de Gobierno, Adrián Ballester, ha indicado que se trata de “unas declaraciones privadas en un perfil personal, que no representan a la Diputación” y ha añadido que “el pleno de la institución no está para hacer reprobaciones”.
La Diputación de Alicante mantiene la suspensión de actividades en los Jardines del Palacio Provincial por prevención ante la Covid-19
La medida se ha tomado de manera cautelar y temporalmente ante la crisis sanitaria y los últimos rebrotes registrados
La Diputación de Alicante mantiene la suspensión de las autorizaciones para el uso de los jardines del Palacio Provincial ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Ferias, conciertos, mercadillos y otros espectáculos tendrán que esperar a que la situación generada por la Covid-19 y los últimos rebrotes registrados vuelva a la normalidad.
Se trata de una medida temporal, hasta nuevo aviso, en función de la evolución de las recomendaciones que las instituciones oficiales decreten. El objetivo de esta decisión, tomada en base a las recomendaciones del Servicio de Prevención, es garantizar la seguridad de la zona, evitando aglomeraciones y manteniendo el distanciamiento social.
De esta forma, la Diputación mantiene el compromiso firme con la gestión del riesgo de propagación del coronavirus y establece nuevas medidas para minimizarlo con el fin de limitar su transmisión. Estas medidas vienen a reforzar el protocolo de seguridad establecido por la institución en el resto de sus instalaciones y edificios, que incluye el uso obligatorio de mascarilla, higiene de manos, la señalética, la limitación de aforo, la cita previa o la instalación de mamparas, entre otras disposiciones.
Este protocolo preventivo, que intentará impedir y frenar las infecciones virales, tiene carácter temporal y se adaptará y modificará en función de la evolución de la enfermedad y de las nuevas recomendaciones que anuncien tanto el Ministerio de Sanidad como la Conselleria.
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